Ciertamente, el presidente Nicolas Maduro es legítimamente electo el 20 de Mayo de 2018. También es cierto que las sanciones y el bloqueo a la economía venezolana afectan gravemente a la población entera y es una acción injerencista que cercena la libertad de comercio y viola nuestra soberanía. Ambas acciones vinieron a completar y agravar la debacle que traía la actividad económica del país, producto de la puesta en práctica de conceptos estatistas, control absoluto, descalificación y persecución a la empresa privada, expropiaciónes, populismo, corrupción, abultadas nóminas, burocracia y gastos fastuosos, ya existentes desde el poder gubernamental.


Las sanciones y el bloqueo fueron erróneamente promovidos por un sector opositor, como una estrategia para forzar el cambio político en el país, siendo tan malos, el remedio como la enfermedad. A la luz de la actualidad política hay algunos cambios presentes, ya no existe la farsa del gobierno interino, EEUU y Venezuela van progresivamente entendiendose y acordándose, la oposición del G4 está notablemente fracturada y hundiéndose en la charca de la corrupción y el antinacionalismo, a saber por los ataques mutuos que se hacen, Chevron, ENI, Repsol, Exxon y otras transaccionales comienzan a operar en el país con petróleo y gas, además Francia, Portugal, España, Paraguay, Brasil, Colombia y otros países van retomando las relaciones con el gobierno, anuncian que pronto lo hará la Unión Europea.


O sea, el gobierno se nota ganador en este conflicto político, que ha sido fratricida y altamente polarizado, en detrimento de toda la población que hoy sufre las consecuencias nefastas de un cóctel maligno, expresado en las sanciones y la mala gobernanza.


Hoy cuando en las calles de toda Venezuela se aviva la protesta pacífica de docentes, trabajadores, jubilados y pensionados de la administración pública en demanda de un ajuste salarial favorable para capear el temporal del alto costo de la vida, los que gobierno recurren al no menos cierto argumento de las sanciones, gradualmente matizadas, para negar rotundamente la justa y necesaria exigencia de la clase trabajadora.


Con este argumento pretenden seguir apretando el cinturón a los más vulnerables como manera de sortear la crisis, no se les ocurre ni por un piénsalo, recurrir a la idea de compartir los sacrificios en este momento difícil que de verdad atraviesa la economía.


Considero que es momento de hacer reajustes al recién aprobado presupuesto nacional, devolviendo a los estados y municipios los billones de bs que les fueron arrebatados en una pícara operación legislativa, ese dinero serviría para que gobernadores y alcaldes financien aumentos salariales y contractuales a sus nóminas.


El gobierno debe comenzar a desentenderse y dándoles un destino digno, a las abultadas nóminas de cuantas empresas expropió y creó con su capitalismo de estado, para nada sirve en sus manos panaderías, farmacias, centrales, bloqueras, hoteles, restaurantes, cafetales, líneas aéreas, transporte, enlatadoras y otra cantidad de empresas no productivas que más bien distraen la posibilidad de conceder mejores salarios en educación, salud, seguridad, áreas vitales en la vida de los venezolanos.

Se pueden reducir de manera tajante la cantidad de ministerios, vice ministerios, fundaciones, gastos de representación, publicidad, propaganda, alimentos y bebidas.
Intentar la repatriación de capitales fugados del país por la vía de la corrupción y los que están retenidos ilegalmente en bancos del exterior.

Se puede decidir la baja notable del encaje legal en la banca pública y privada, para que los productores, industriales, comerciantes y todo tipo de sano emprendimiento tengan acceso al crédito para invertir en el proceso productivo.


En tiempos difíciles los gobernantes estadistas aprueban decisiones serias y coherentes para paliar la misma, no permiten que el sacrificio sea solo para un sector.


Este gobierno que se dice obrerista, ético, nacionalista está nuevamente puesto a prueba con la conflictividad social en crecimiento.


Las amenazas, represión y descalificación no son la salidas.


Soluciones compartidas pueden ser el camino.


Atte Legislador
Miguel Vásquez.


Cumaná 31 Enero 2022.