De acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional, para el año venidero se tiene prevista la elección de los diputados a la Asamblea Nacional (AN). El precepto legal consagra que el lapso de ejercicio de funciones para los miembros de esta instancia legislativa debe renovarse cada cinco años. Declaraciones recientes de algunos voceros gubernamentales, revelan que este proceso comicial podría efectuarse en el primer cuatrimestre del 2020 y no en el acostumbrado mes de diciembre.
Con este panorama, es ineludible que las diversas fracciones políticas que conforman el parlamento nacional se aboquen de inmediato al diseño de un cronograma que permita el nombramiento de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), para lo cual se necesitan 110 votos a favor.
Es inconcebible que perdamos la oportunidad de renovar las autoridades del Poder Electoral, pues no se trata nada más de sustituir a los actuales rectores y sus suplentes por otros, sino de corregir los numerosos vicios que se han enquistado en los procesos de votación venezolanos de los últimos 20 años.
Entre las medidas iniciales que debe tomar el nuevo CNE destacan la depuración del Registro Electoral, la legalización de los partidos políticos que fueron inhabilitados por las autoridades actuales y dar estricto cumplimiento a la norma que regula la difusión de la propaganda política. A su vez, el Poder Legislativo debe modificar la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) con el objetivo de garantizar la representación de las minorías políticas.
Si la Asamblea Nacional no logra los dos tercios requeridos para elegir a los integrantes del CNE, la nueva coalición se escudará en la “inhibición parlamentaria”, recurso jurídico que trasladaría la designación de los rectores electorales al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Recordemos que este camino fue transitado por el gobierno de Maduro para valerse del llamado «desacato legislativo «.
La oposición venezolana obtuvo una contundente victoria en las elecciones legislativas del 2015, con la cual se apoderó de la mayoría de los escaños. Lamentablemente, es muy larga la lista de los errores cometidos desde el mismo momento en que se instaló la AN, pues en lugar de aprovechar al máximo ese triunfo alcanzado por votación popular para obligar al gobierno a negociar un conjunto de medidas de interés nacional, el diputado Henry Ramos Allup, al ser juramentado, lanzó un grito de guerra contra el presidente Nicolás Maduro, bajo la premisa de que en seis meses definirían la ruta para sacarlo de manera definitiva de Miraflores.
La contraofensiva del régimen fue aumentando hasta llegar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) electa de manera irregular, ente que funge como un poder legislativo paralelo, conformado totalmente por representantes del Gran Polo Patriótico.
Apostemos al diálogo
Desde el año 2018, cuando decidimos participar en las elecciones presidenciales del 20 de mayo, hemos sostenido que la salida a la crisis venezolana es la de índole electoral, democrática y pacífica; de igual manera, hemos promovido el diálogo con todos los factores políticos del país, sin menospreciar la colaboración de la comunidad internacional, pero rechazando categóricamente la injerencia extrajera que auspicia tanto el gobierno, como la oposición radical.
Apostemos entonces por nuestra hermosa nación para superar la serie de penurias en la que está sumergida la población venezolana. Tenemos la obligación moral de garantizar la gobernabilidad porque no podemos seguir viviendo bajo los estragos de una permanente confrontación. Independientemente de los resultados que arroje, las venideras elecciones traerán consigo un gobierno de transición que debe estar conformado por todos los factores políticos.
Luego de renovarse las autoridades de la AN en enero de 2019, la oposición se trazó como estrategia el nombramiento de una presidencia interina a cargo del diputado Juan Guaidó, con una ruta de tres pasos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, que pese a tener en un principio el apoyo popular y el respaldo de más de 50 países, vemos que luego de 10 meses no se ha materializado ningún convenio a favor de Venezuela.
En lo que va de año, al igual como ocurrió en República Dominicana, se celebraron rondas de diálogo en Oslo y Barbados con la mediación de Noruega. Sin embargo, para frustración de los ciudadanos venezolanos, quienes en su mayoría desean una salida pacífica y democrática a la crisis, los representantes de Maduro y de la oposición radical se levantaron de la mesa sin ningún resultado.
Desoyendo al clamor del pueblo, un grupo insiste en salidas violentas, como la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), lo cual contraviene los principios de autodeterminación de los pueblos y la posibilidad de alcanzar una salida benigna al conflicto político venezolano. Un escenario bélico sólo nos llevaría a una espiral de odio y confrontación; sabremos cuándo se iniciará la ola de violencia, pero jamás cuándo terminaría.
El pasado 16 de septiembre un grupo de partidos políticos como el MAS, Soluciones para Venezuela, Avanzada Progresista y Esperanza por el Cambio, entre otros, decidimos incorporarnos a una Mesa de Diálogo Nacional para lograr acuerdos puntuales con los voceros del gobierno, con la firme condición de que no existan agendas ocultas entre las partes en conflicto y en aras de garantizar la paz y la reinstitucionalización del país, apartando las ambiciones personales o el protagonismo de quienes albergamos distintas corrientes de pensamiento.
Nos preocupa que un sector de la oposición, apoyado por grupos ciudadanos polarizados, en vez de sumar esfuerzos, empujar la carreta en un solo sentido, buscar acuerdos que permitan enrumbar el país hacia la prosperidad y preparar el terreno para medirnos en una contienda electoral, de manera de derrotar el ventajismo oficial, insiste en tildarnos de «minoría» y acusarnos de traidores, colaboracionistas y de haber caído en la trampa del gobierno para que manipule la mesa de diálogo y gane tiempo en el poder. Una visión que está fuera de la realidad.
Tenemos el gran reto de derrotar la polarización y buscar convenios sustentados en la Constitución Nacional que defiendan nuestra soberanía y permitan la reconciliación, convivencia y tolerancia; de igual modo, acordar medidas de emergencia en materia económica, trabajar por un cambio profundo en la dinámica política y detener la diáspora que tanto daño le ha hecho a la familia venezolana.
No podemos caer en la equivocación política del 2005, cuando la oposición se negó caprichosamente a participar en las elecciones de la AN, lo cual trajo como consecuencia, nada más y nada menos que «regalarle» al gobierno la Contraloría, Defensoría, Fiscalía, CNE y TSJ.
Con todo el andamiaje jurídico e institucional en manos del gobierno, la oposición repite posteriormente el mismo error en las elecciones de gobernadores, legisladores regionales, alcaldes y concejales, cediéndole casi todos los espacios políticos al PSUV. Y como guinda de la torta, puso en bandeja de plata la reelección de Nicolás Maduro, porque la mayoría de los partidos políticos no participaron en la elección del 20 de mayo de 2018.
Si la oposición extremista no hubiese llamado a la abstención en los últimos procesos electorales, Venezuela estaría mucho más cerca de la gobernabilidad y estabilidad política. Una cruda verdad que ha generado destrucción, corrupción y extrema pobreza en la sociedad venezolana.
Para la reflexión, dejo una frase del ex presidente norteamericano Abraham Lincoln que comparto plenamente: “Una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil”. Soy un convencido que sólo a través de los mecanismos democráticos, como el diálogo, el entendimiento y la participación, saldremos adelante y refundaremos a Venezuela.
Johel Orta Moros
@JohelOrtaM
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Publicado el 7 de octubre de 2019 en La Verdad de Monagas.
