Por: Josué Gómez / Secretario Juvenil Nacional
La legitimidad de una causa no se mide únicamente por el ruido de la calle, sino por la coherencia de quienes la sostienen a lo largo del tiempo. Quienes crecimos observando la dedicación del sector educativo —en mi caso, a través de la trayectoria de mi madre, hoy docente jubilada— entendemos que la defensa de las condiciones laborales del magisterio no es una postura coyuntural. Tras haber ejercido la docencia en la Universidad Deportiva del Sur y desempeñarme actualmente como profesor en un liceo de mi ciudad, la exigencia por un salario digno representa una continuidad ética y profesional frente a una realidad que desborda cualquier discurso oficial.
Las recientes movilizaciones convocadas por los gremios de Educación y Salud en todo el país ponen de manifiesto una fractura evidente entre la narrativa macroeconómica del Estado y la cotidianidad de los trabajadores públicos. El detonante más reciente —el pago de unos aguinaldos que resultan materialmente insuficientes para cubrir las necesidades básicas— ocurre en un contexto marcado por contrastes difíciles de justificar.
Por un lado, desde el Ejecutivo Nacional se ha promovido una plataforma orientada a la transparencia fiscal, reportando ingresos por el orden de los 14 mil millones de dólares provenientes de la actividad petrolera durante el presente año, acompañados de la afirmación de que dichos recursos han sido dirigidos directamente al beneficio de los empleados públicos. A esto se suma el balance presentado por la presidencia de la República, que sostiene la acumulación de 23 trimestres consecutivos de crecimiento y recuperación económica.
Sin embargo, existe una desconexión profunda entre esos indicadores de crecimiento y el poder adquisitivo real de los ciudadanos. Resulta complejo explicar bajo qué mecanismo contable una bonanza de ingresos petroleros y más de cinco años de expansión económica se traducen en bonificaciones de fin de año que apenas alcanzan para la subsistencia elemental. La transparencia de las cifras pierde sentido práctico cuando el bolsillo del trabajador refleja exactamente lo contrario a la prosperidad anunciada.
El sustento constitucional y legal de la exigencia gremial
Más allá del legítimo ejercicio del derecho a la protesta pacífica y a la huelga —consagrados en los artículos 68 y 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)—, los reclamos de los docentes y trabajadores de la salud se fundamentan en el incumplimiento directo de obligaciones jurídicas explícitas por parte del Estado:
- El derecho a un salario suficiente (Artículo 91 de la CRBV): La Carta Magna establece de manera taxativa que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales, tomando como referencia el costo de la canasta básica. Un ingreso pulverizado por la inflación y compensado parcialmente mediante bonificaciones sin incidencia salarial contraviene el espíritu y la letra de este precepto.
- La dignificación de la carrera docente (Artículo 104 de la CRBV): La Constitución obliga al Estado a garantizar la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente y un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión. La precarización del ingreso de profesores activos y jubilados vulnera directamente esta garantía institucional.
- La irrenunciabilidad y progresividad de los derechos laborales (Artículo 89 de la CRBV y Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras – LOTTT): Los derechos laborales son intangibles y progresivos. La desmejora sostenida de las convenciones colectivas y el achatamiento de las tablas salariales representan una regresión prohibida por el ordenamiento jurídico venezolano.
Una demanda de cumplimiento normativo
Cuando los educadores y el personal sanitario salimos a manifestar, no estamos solicitando dádivas ni concesiones extraordinarias. Exigimos la aplicación efectiva de la Constitución y de las leyes laborales vigentes.
Si las arcas nacionales registran ingresos multimillonarios y la economía acumula veintitrés trimestres de recuperación, el Estado cuenta entonces con el músculo financiero necesario para honrar sus compromisos constitucionales. De lo contrario, la contradicción entre los números oficiales y la mesa del trabajador seguirá demostrando que, mientras las estadísticas celebran el crecimiento, quienes sostienen la educación y la salud del país continúan esperando que la ley se cumpla.
