Una de las primeras lecciones que debe aprender un estudiante de derecho en la cátedra de Derecho Civil (Contratos y Garantías) es la clasificación de los contratos desde distintas perspectivas, una de ellas es desde su perfeccionamiento, es decir, desde el momento que nace y comienza a surtir efectos en el mundo del derecho, desde este ángulo los contratos pueden ser: Reales, Consensuales, o, Solemnes; sobre estos dos últimos, son consensuales porque nacen con la simple manifestación de voluntad de las partes, y, Solemnes (como se infiere de su nombre) los que requieren el cumplimiento de ciertas formalidades para su validez.

El Estado Venezolano no puede acordar contratos consensuales, la manifestación de voluntad del funcionario público, aún teniendo atribuida esa competencia en la Ley, no es suficiente para dar nacimiento a un contrato que obligue a la República, la contratación pública está sometida a los principios de legalidad y formalismo, y en particular a la Ley de Contrataciones Públicas, además de la aprobación de la Asamblea Nacional cuando se trata de asuntos de gran trascendencia nacional.

Es decir, el acuerdo petrolero anunciado con bombos y platillos hace unos meses por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y la Presidenta (E) Delcy Rodríguez no puede ser un contrato consensual, requiere el cumplimiento de las formalidades de la Ley de Contrataciones Públicas y la aprobación de su contenido por parte de la Asamblea Nacional, toda vez que compromete (según dicen voceros de los representantes de ambos gobiernos) un alto porcentaje de las reservas petroleras que son la principal fuente de ingreso de la República. No es suficiente que se anuncie ante los micrófonos.

Al día de hoy, el 99 % de los venezolanos desconocemos el contenido de un contrato que, por Ley, debe ser público, más aún cuando las versiones (verbales) de los representantes de las partes son marcadamente diferentes en cuanto a su duración en el tiempo, distribución de ganancias y otros aspectos.

Lo que se compromete allí no es un racimo de plátanos, se trata del futuro de los venezolanos que, lamentablemente, dependemos casi exclusivamente de los ingresos petroleros, un contrato que compromete la estabilidad económica presente y futura del pueblo venezolano, por tanto, como mínimo, su contenido debe ser público.

La privilegiada información sobre los términos del acuerdo petrolero parece ser manejada solo por Mr. Trump, la Dra. Rodríguez, Mr. Rubio y un puñado de funcionarios cercanos a ellos, y, al parecer también la Sra. Machado, quien aseguró hace unos días que en un eventual gobierno suyo los respetaría, sobre eso hay dos opciones: 1: conoce el contenido del acuerdo, o, 2: está dispuesta a reconocer a ciegas algo que desconoce sólo para ganar la simpatía que Trump le ha negado, y en ese caso la simple aseveración de compromiso para ese eventual gobierno sería una gran irresponsabilidad para con sus seguidores.

En este asunto son más los cabos sueltos que los atados, muchas dudas surgen de las declaraciones del 1 % de quienes conocen los términos de la contratación que, según expresó Mr. Rubio es entre el Estado Venezolano y una empresa de la cual es ahora accionista el Departamento de Guerra gringo, ¿Por cuántos años es el contrato? ¿El límite temporal máximo que permite nuestro ordenamiento jurídico o el tiempo que expresó Trump? ¿Pagará la empresa privada que asumió la explotación las regalías y los impuestos por el 20% del petróleo que los gringos aseguran se llevarán gratis? ¿El dinero obtenido pasará a las cuentas del Estado Venezolano o seguirá la humillante modalidad en la que EEUU controla las ganancias de nuestro petróleo?, todas estas dudas sólo podemos despejarlas los venezolanos si el Gobierno Interino hace público el contrato, o, quienes habiéndose comprometido en un eventual gobierno a respetarlo, nos pasan el pitazo de cómo es la cosa, si es que realmente conocen el contenido de lo que prometen aceptar y respetar.

A todos los venezolanos nos asiste el derecho de conocer los términos reales del cacareado acuerdo petrolero, los hidrocarburos no pertenecen al gobierno (sea quien sea que administre el Estado en un momento determinado) sino al pueblo venezolano, y desde Soluciones para Venezuela levantamos nuestra voz para reclamar a las autoridades interinas la publicación del contrato o acuerdo, no un resumen pomposo para un buen titular noticioso sino el acuerdo íntegro, para que los ciudadanos podamos determinar si efectivamente cumple con nuestra Constitución Nacional y leyes (como ha señalado el gobierno interino) o fuimos hipotecados como se desprende de las declaraciones de Trump, Rubio y Compañía.