Hace apenas unos meses, el Gobierno Nacional fue el principal promotor de un Referendum Consultivo para que el pueblo venezolano ratificara su compromiso con la defensa de nuestra soberanía sobre el territorio Esequibo. Otros venezolanos que entendemos que los intereses nacionales están sobre las diatribas políticas, aún en clara diferencia con el proyecto político que controla la mayoría de las instituciones del Estado, acudimos a dejar constancia de nuestro respaldo al reclamo del país sobre ese espacio geográfico que nos pertenece.

Sin embargo, la defensa de la integridad territorial del país no se ve limitada al Esequibo. El Estado, a través de la Fuerza Armada, tiene la obligación Constitucional de defender la soberanía en toda su extensión.

Si bien es cierto que el país en general ya se encuentra montado en el tren electoral de cara a la elección presidencial que debe realizarse este año, no es menos cierto que esa importante situación política no coloca en pausa las obligaciones gubernamentales y la asistencia debida a los problemas que padecemos los venezolanos, como la defensa del territorio, por ejemplo.

Es un secreto a voces la presencia de grupos armados irregulares en la zona fronteriza así como la endeble actuación del Estado para recuperar los territorios que hoy ocupan dichos cuerpos.

Quizá desde la seguridad de Miraflores, no se pueda percibir la gravedad del asunto, o, al norte del país, hasta donde aún no llega la influencia de estos grupos, pero para quienes vivimos en la frontera el problema es de gran trascendencia.

Muchos pueblos fronterizos son absolutamente controlados por «guerrillas», son ellos quienes dictan y aplican sus propias normas; para trasladarse por algunas carreteras rurales es necesario un salvoconducto, so pena de ser «detenido»; los productores no acuden a los cuerpos de seguridad del Estado a poner denuncias por abigeato sino a los «comandantes», las desapariciones y reclutamiento forzados; el temor y el silencio es la regla en la frontera Sur del país.

Es difícil creer que los funcionarios militares acantonados en la zona no conozcan esta realidad, lo que es más grave, la connivencia del actuar de estos grupos armados, personalmente viví una experiencia que lo demuestra: en el extremo Venezolano de la frontera (entre Arauca y El Amparo) un sujeto me increpo a pagar una especie de impuesto por la compra de un caucho del otro lado, a su lado estaba un funcionario militar que se limitó a contar las nubes mientras eso ocurría.

Ante esta lamentable situación, más grave de lo que pueda describir, el Gobierno debe actuar, en época electoral y sin ella; su deber es proteger a los habitantes de la frontera como al resto de los venezolanos; las pocas actuaciones que realiza, terminan en la detención de campesinos y no de los miembros de estas bandas armadas.

Exigimos al Gobierno Nacional que tome medidas al respecto, con carácter de urgencia, no para «buscar votos» sino para cumplir con su obligación, así como es nuestro el Esequibo, también lo son el Amazonas, el Apure y el Táchira