Hemos discutido por años las consecuencias de una política económica que auspicia desde el Estado el control de los medios de producción, la intervención de la propiedad privada por diversas vías y la centralización en una cerrada cúpula de poder de las decisiones que a todos afectan.

Así se fue desangrando el presupuesto público en mantener la nómina de centenares de empresas del Estado que nada crean, nada producen, nada distribuyen. Así se llegó al control de cambios que en absoluto impidió la fuga de divisas, pero alentó nuevas fortunas y desquició el aparato productivo. Así sucumbimos ante las supuestas bondades del control de precios que no hacía sino obligar a la gente a trabajar a pérdida, a cerrar negocios y a despedir trabajadores.

También hemos discutido a fondo el dañino criterio de reclutamiento y selección de personal del sector público. Departamentos de Recursos Humanos y Gerencias de Relaciones Industriales que no son sino adornados eufemismos que, en ministerios, institutos autónomos, gobernaciones y alcaldías, disfrazan a comisariatos políticos que sólo dan ingreso como empleados públicos a incondicionales del partido de gobierno. La capacidad para ejercer el cargo no es la primera variable a considerar. La profesionalización del servicio público ha ido languideciendo.
Con el mismo interés y preocupación el país ha abordado la partidización de la Fuerza Armada; la pésima dotación de dispensarios, medicaturas y hospitales; la cuestionada calidad de la educación en planteles públicos y el desinterés por el mejoramiento profesional y económico reclamado por los docentes al Estado; el hundimiento de PDVSA y de las empresas del hierro y el aluminio en Guayana. No menos mortificación ha habido por la clausura de los programas de protección del ambiente y el impulso desaforado al llamado Arco Minero.

Esos debates han llevado a fuertes reclamos de cambio en la conducción política nacional dado el balance negativo que para la mayoría de los venezolanos han arrojado los gobiernos de Chávez y Maduro.

Esa polémica continúa entre un gobierno que se muestra amalgamado en la defensa de su gestión, un acoplado activismo político con sentido realista del desafío que cada elección significa y una oposición cuarteada entre quienes enfrentan el poder del gobierno con los pies sobre la tierra, desde las elecciones, que es la única herramienta cierta, a la mano, para alcanzar el cambio, y quienes fantasiosamente tienen años llamando a la abstención como método de desconocimiento de los resultados electorales y perversamente al bloqueo económico para asfixiar la economía y tomar el poder a costa de la ruina del país.

Quienes defienden participar en elecciones plantean que siendo las reorientaciones de políticas y la rectificación de errores el objetivo del cambio buscado, es necesario impulsar encuentros para a través del diálogo desde ya recuperar terreno en la economía, en el funcionamiento de los servicios públicos y en la defensa de los Derechos Humanos. La política, para estos sectores de oposición, no es sólo cambiar al gobierno. Entre venezolanos podemos alcanzar acuerdos por el bien común, que para nada cancela el derecho a sustituir libre y democráticamente al gobierno en ejercicio.

Quienes promueven la abstención, golpes de Estado, intervencionismo extranjero, bloqueo y sanciones económicas, sostienen que ningún cambio puede lograrse por la vía del debate, de la dialéctica política, es decir, del entendimiento humano. Sólo el cambio abrupto y violento es tal.
En consecuencia, su concepción del combate es todo o nada. Se supone que un gobierno dirigido por tales personas sería uno de persecución al adversario, de segregación, de reedición de la confrontación extrema. Realmente no habría cambio alguno. Simplemente sería un “quítate tú pa ponerme yo”.

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Publicado en El Universal el 25 de abril de 2021.